Temor por una nueva reforma laboral en Colombia: MinTrabajo prepara cambios en sindicalización y tercerización
Dos borradores de decreto del Ministerio de Trabajo reactivan el debate laboral al plantear ajustes en sindicalización y tercerización que inquietan a empresarios y expertos. Desde el Ministerio de Trabajo de Colombia se revisan dos borradores que, aunque todavía no han sido expedidos, ya generan inquietud en distintos sectores productivos del país. No se trata de una ley ni de un trámite en el Congreso, sino de decretos que podrían modificar reglas sensibles del mercado laboral colombiano. Empresarios, gremios y abogados laboralistas coinciden en que los cambios propuestos podrían reactivar puntos polémicos de la reforma laboral que no prosperaron en el Legislativo. Aunque el Gobierno insiste en que busca consensos y que no ha tomado una decisión definitiva, las dudas persisten. Las discusiones se concentran en dos frentes clave: sindicalización y tercerización, conceptos que han marcado el pulso del debate laboral durante los últimos años. Sindicalización y pactos colectivos: el punto más sensible de la reforma laboral Según informó Semana, uno de los proyectos de decreto introduce ajustes en las reglas de sindicalización, un tema que fue determinante en el hundimiento de la primera versión de la reforma laboral en 2023. Según expertos, el borrador limita la posibilidad de celebrar acuerdos colectivos con trabajadores no sindicalizados, lo que en la práctica afectaría los llamados pactos colectivos. Abogados laboralistas advierten que esta restricción podría desconocer decisiones previas de la Corte Constitucional y exceder la potestad reglamentaria del Ejecutivo. El temor es que, por vía administrativa, se impongan obligaciones que el Congreso ya había rechazado, afectando tanto a empleadores como a trabajadores que optan por no afiliarse a un sindicato. Desde el Ministerio de Trabajo, en cambio, se sostiene que el objetivo es fortalecer la negociación colectiva y reducir prácticas que, según el Gobierno, debilitan la organización sindical. El ministro Antonio Sanguino ha reiterado que los pactos colectivos no han sido prohibidos y que el texto sigue en revisión para recoger observaciones. Tercerización y empresas temporales: el impacto sobre el empleo formal El segundo decreto en discusión aborda la tercerización laboral, especialmente el rol de las empresas de servicios temporales. Gremios del sector señalan que el proyecto introduce límites que no existen en la ley, como un tope del 10 % en la contratación de personal temporal, lo que podría afectar sectores con alta estacionalidad. Representantes de la agroindustria, el comercio, la salud y la logística alertan que estas restricciones dificultarían la operación normal de las empresas y pondrían en riesgo miles de empleos formales. También cuestionan que se prohíba el uso de temporales para actividades misionales, pese a que la legislación vigente lo permite en determinados escenarios. El Ministerio reconoce que la tercerización es legal, pero argumenta que existen zonas grises donde se usa para evadir responsabilidades laborales. Según Sanguino, el decreto busca aclarar esos límites sin afectar a quienes cumplen la norma, y asegura que el texto final aún no está cerrado. Mientras tanto, el pulso entre Gobierno y sector productivo continúa. En juego no solo están las reglas de contratación, sino el equilibrio entre formalidad, costos laborales y estabilidad del empleo en Colombia.
Procuraduría prende las alarmas por decreto del Ministerio de Trabajo que podría afectar más de 470.000 empleos: pidió instalar mesa técnica
El Gobierno revisará el proyecto tras las advertencias de la Procuraduría sobre posibles efectos en las Empresas de Servicios Temporales. La Procuraduría General de la Nación prendió las alertas frente al proyecto de decreto con el que el Ministerio de Trabajo busca modificar las reglas de funcionamiento de las Empresas de Servicios Temporales (EST), al advertir que algunos cambios podrían poner en riesgo miles de empleos formales en el país. Las observaciones fueron enviadas por escrito al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, luego de la publicación del borrador del decreto que ajusta el Decreto 1072 de 2015, que regula el sector trabajo. Según explicó el Ministerio Público, su intervención responde a la necesidad de proteger el empleo formal y garantizar que las decisiones reglamentarias no generen efectos negativos sobre los trabajadores. De acuerdo con cifras recientes citadas por la Procuraduría, las Empresas de Servicios Temporales generaron en 2025 más de 50.000 empleos formales y hoy mantienen vinculados a 474.188 trabajadores en misión. Esta cifra representa el 4,8 % del empleo formal dependiente en Colombia, lo que convierte a este modelo laboral en un actor relevante dentro del mercado de trabajo. En ese contexto, el ente de control advirtió que algunas disposiciones del proyecto podrían afectar la estabilidad de estos empleos. En particular, señaló que no sería conveniente restringir el trabajo en misión exclusivamente a actividades que no hagan parte del objeto principal de las empresas usuarias. También expresó reparos frente a la propuesta de fijar un límite del 10 % al personal contratado bajo esta modalidad, al considerar que dicha medida podría afectar la operación de las empresas y la continuidad de los puestos de trabajo. Como salida preventiva, la Procuraduría propuso la creación de una mesa técnica en la que participen el Gobierno, las empresas y otros actores del mercado laboral, con el fin de discutir los alcances del decreto y evaluar sus impactos reales. El Ministerio de Trabajo acogió estas observaciones y aceptó conformar la mesa técnica, que será liderada por la Procuraduría y tendrá como objetivo acompañar el proceso reglamentario y proteger la estabilidad laboral de más de 474.000 trabajadores que podrían verse afectados por los cambios propuestos.