ACOSET fue clave para preservar en el Decreto 0581 una figura esencial para el empleo formal, la productividad y la competitividad de Colombia

Empresas de Servicios Temporales salen fortalecidas tras reglamentación sobre tercerización laboral La Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (ACOSET) destacó que el Decreto 0581 de 2026 representa un avance importante para la seguridad jurídica del sector, al precisar el alcance de las Empresas de Servicios Temporales (EST), diferenciar claramente su actividad de las prácticas de intermediación laboral ilegal y ratificar su papel como una herramienta legítima para la generación de empleo formal, la productividad y la competitividad empresarial en Colombia. La participación técnica de ACOSET durante el proceso de construcción de la norma permitió aportar claridad sobre aspectos fundamentales de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales, evitando interpretaciones que podían generar confusión entre las figuras legales contempladas en la legislación laboral colombiana y las prácticas de intermediación laboral ilegal que deben ser objeto de control y sanción. “Lo más importante de este decreto es que aporta claridad. Las Empresas de Servicios Temporales son una figura legal, regulada y necesaria para el funcionamiento de la economía. La norma deja más claramente definidos los límites entre lo legal y lo ilegal, fortalece la seguridad jurídica y ratifica el papel que cumplen las EST en la generación de empleo formal y en la atención de necesidades estacionales de las empresas”, afirmó Miguel Pérez García, presidente de ACOSET. Entre los principales aspectos que ACOSET destaca del texto final se encuentran: “Durante este proceso nuestro propósito siempre fue aportar elementos técnicos que permitieran proteger los derechos de los trabajadores sin afectar una figura que ha demostrado ser fundamental para la formalización laboral, la competitividad empresarial y la capacidad de respuesta de sectores estratégicos de la economía. Consideramos que el resultado final brinda mayor certeza jurídica para todos los actores involucrados”, agregó Pérez García. ACOSET resaltó que las Empresas de Servicios Temporales contribuyen cada año a la generación de cientos de miles de oportunidades de empleo formal en el país, además de los ,as de 20 billones de pesos a la economía y el sustento de millones de familias, permitiendo que sectores como comercio, industria, logística, agroindustria, servicios y tecnología atiendan incrementos estacionales de demanda, reemplazos temporales y proyectos específicos, garantizando el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social. “Combatir la intermediación laboral ilegal es una tarea que compartimos plenamente. Sin embargo, es igualmente importante proteger y fortalecer las figuras legales que generan empleo formal y aportan flexibilidad, productividad y competitividad a las empresas colombianas. Ese equilibrio es uno de los principales mensajes que deja esta reglamentación”, concluyó el presidente de ACOSET. Finalmente el dirigente gremial expresó que específicamente este decreto al referirse a las EST, marca un punto de inflexión para el sector de servicios temporales al aclarar definitivamente los límites entre la actividad legal de las Empresas de Servicios Temporales y la intermediación laboral ilegal, una precisión que protege miles de empleos formales, fortalece la confianza empresarial y evita interpretaciones que podían afectar la operación de compañías clave para la productividad y la competitividad de Colombia. Edc, Natalia Urrego Reyes Dirección de Comunicaciones y Asuntos Públicos ACOSET
ACOSET fue clave para preservar en el Decreto 0581 una figura esencial para el empleo formal, la productividad y la competitividad de Colombia

La Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (ACOSET) destacó que el Decreto 0581 de 2026 representa un avance importante para la seguridad jurídica del sector, al precisar el alcance de las Empresas de Servicios Temporales (EST), diferenciar claramente su actividad de las prácticas de intermediación laboral ilegal y ratificar su papel como una herramienta legítima para la generación de empleo formal, la productividad y la competitividad empresarial en Colombia. La participación técnica de ACOSET durante el proceso de construcción de la norma permitió aportar claridad sobre aspectos fundamentales de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales, evitando interpretaciones que podían generar confusión entre las figuras legales contempladas en la legislación laboral colombiana y las prácticas de intermediación laboral ilegal que deben ser objeto de control y sanción. “Lo más importante de este decreto es que aporta claridad. Las Empresas de Servicios Temporales son una figura legal, regulada y necesaria para el funcionamiento de la economía. La norma deja más claramente definidos los límites entre lo legal y lo ilegal, fortalece la seguridad jurídica y ratifica el papel que cumplen las EST en la generación de empleo formal y en la atención de necesidades estacionales de las empresas”, afirmó Miguel Pérez García, presidente de ACOSET. Entre los principales aspectos que ACOSET destaca del texto final se encuentran: • El reconocimiento de las Empresas de Servicios Temporales como la única figura autorizada para el envío de trabajadores en misión.• La adopción de conceptos alineados con la Ley 50 de 1990 y la reciente reforma laboral.• La diferenciación expresa entre los servicios temporales de colaboración y las prácticas de intermediación laboral ilegal.• La eliminación de disposiciones que podían generar restricciones no previstas en la legislación vigente para la operación de las EST.• Una mayor claridad para trabajadores, empresas usuarias, autoridades e integrantes del sector sobre las condiciones en las que opera legalmente el servicio temporal. “Durante este proceso nuestro propósito siempre fue aportar elementos técnicos que permitieran proteger los derechos de los trabajadores sin afectar una figura que ha demostrado ser fundamental para la formalización laboral, la competitividad empresarial y la capacidad de respuesta de sectores estratégicos de la economía. Consideramos que el resultado final brinda mayor certeza jurídica para todos los actores involucrados”, agregó Pérez García. ACOSET resaltó que las Empresas de Servicios Temporales contribuyen cada año a la generación de cientos de miles de oportunidades de empleo formal en el país, además de los ,as de 20 billones de pesos a la economía y el sustento de millones de familias, permitiendo que sectores como comercio, industria, logística, agroindustria, servicios y tecnología atiendan incrementos estacionales de demanda, reemplazos temporales y proyectos específicos, garantizando el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social. “Combatir la intermediación laboral ilegal es una tarea que compartimos plenamente. Sin embargo, es igualmente importante proteger y fortalecer las figuras legales que generan empleo formal y aportan flexibilidad, productividad y competitividad a las empresas colombianas. Ese equilibrio es uno de los principales mensajes que deja esta reglamentación”, concluyó el presidente de ACOSET. Finalmente el dirigente gremial expresó que específicamente este decreto al referirse a las EST, marca un punto de inflexión para el sector de servicios temporales al aclarar definitivamente los límites entre la actividad legal de las Empresas de Servicios Temporales y la intermediación laboral ilegal, una precisión que protege miles de empleos formales, fortalece la confianza empresarial y evita interpretaciones que podían afectar la operación de compañías clave para la productividad y la competitividad de Colombia.
Tercerización ilegal de empresas tendrá sanciones de hasta 5.000 salarios mínimos

El Gobierno expidió decreto que busca poner fin al fraude laboral, según el ministro Antonio Sanguino. El Ministerio de Trabajo expidió un nuevo decreto en el que busca sancionar hasta con 5.000 salarios mínimos a las empresas que tercericen de manera ilegal, lo que corresponde a unos 8.754 millones de pesos en este 2026. “Hemos expedido el Decreto 0581 de 2026 para combatir la tercerización ilegal y garantizar que nadie pueda esconderse detrás de un contratista para negar derechos laborales. No estamos prohibiendo la legal; estamos poniendo fin al fraude laboral”, aseguró el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Al conocer la noticia, el gremio que reúne a las empresas de servicios temporales Acoset destacó que se trata de un avance para la seguridad jurídica del sector. “La norma deja más claramente definidos los límites entre lo legal y lo ilegal, fortalece la seguridad jurídica y ratifica el papel que cumplen las empresas de servicios temporales en la generación de empleo formal y en la atención de necesidades estacionales de las empresas”, afirmó Miguel Pérez García, presidente del gremio. Adicional a ello, el gremio resaltó que las Empresas de Servicios Temporales contribuyen cada año a la generación de cientos de miles de oportunidades de empleo formal, además de los más de 20 billones de pesos que generan en la economía, en especial, en sectores como comercio, industria, logística, agroindustria, servicios y tecnología. “Combatir la intermediación laboral ilegal es una tarea que compartimos plenamente. Sin embargo, es igualmente importante proteger y fortalecer las figuras legales que generan empleo formal y aportan flexibilidad, productividad y competitividad a las empresas colombianas. Ese equilibrio es uno de los principales mensajes que deja esta reglamentación”, concluyó el líder gremial.
Ministro de Trabajo confirma sanciones de hasta 5.000 salarios por tercerización laboral ilegal. Esto dice gremio de temporales

Tras la expedición del decreto para poner freno a contratación disfrazada de legal, los pronunciamientos aclaran alcances. La idea de poner fin a la tercerización laboral ilegal está plasmada en un decreto expedido que sigue generando la participación de la opinión pública. Las tensiones alrededor del tema no han sido pocas. En parte, porque existen empresas de contratación temporal que le juegan legal a la normatividad laboral. De ahí que, tanto el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, como Miguel Pérez, presidente de Acoset (gremio de empresas de servicios temporales), salieran a expresar sus pronunciamientos alrededor del decreto. Según explicó el jefe de la cartera de Trabajo, lo que se busca combatir es la tercerización ilegal, por lo que su mensaje fue: “Que no le metan cuento, no estamos prohibiendo la tercerización legal. Estamos poniendo fin al fraude laboral”. De acuerdo con las explicaciones de Sanguino, el decreto apunta a garantizar “que nadie pueda esconderse detrás de un contratista para negar derechos laborales”. Millonarias multas En medio de las discusiones alrededor de la tercerización laboral se había puesto de presente un sinnúmero de circunstancias que atentaban contra el empleo decente que se promovía desde el Gobierno. De ahí que ahora, el gremio Acoset, a través de Pérez, destaque el aporte que ahora hace dicho decreto, y es que hace claridad. “Las Empresas de Servicios Temporales son una figura legal, regulada y necesaria para el funcionamiento de la economía. La norma deja más claramente definidos los límites entre lo legal y lo ilegal, fortalece la seguridad jurídica y ratifica el papel que cumplen las EST en la generación de empleo formal y en la atención de necesidades estacionales de las empresas”, afirmó. Pérez aclaró que las figuras ilegales, en el contexto de la tercerización, son las que se conocen como cooperativas de trabajo asociado, contrato sindical u otras que hagan envío de trabajadores en misión que no sean EST. Entre tanto, las empresas de servicios temporales sí estarían cumpliendo con lo dispuesto con el código sustantivo del trabajo. Por su parte, el ministro Sanguino recalcó que estarán vigilantes para aplicar los preceptos que incluye el nuevo decreto, y es, “fortalecer la inspección, la formalización y aplicar las sanciones-de hasta 5.000 salarios mínimos- para quienes utilicen intermediarios con el fin de evadir sus responsabilidades laborales”, afirmó el jefe de la cartera de Trabajo. Hay que recordar la contratación de empresas externas o proveedores para realizar bienes o prestar servicios, en el país ha sido una práctica muy debatida, justamente, cuando se aplica de manera ilegal. Pero en general, no deja de quedar en el debate las dicotomías que plantea, pues algunos trabajadores perciben sus oportunidades laborales como desiguales con los trabajadores vinculados directamente por el empleador al que le prestarán el servicio. El ministro Sanguino manifestó: “no podemos dar marcha atrás en lo conquistado ni en lo que dicta el sentido común: si una empresa da las órdenes, controla el trabajo y se beneficia de manera permanente de esa labor, también debe responder por los derechos de quienes la realizan”.